Fue el pasado miércoles cuando Camilla Johansson, de 44 años de edad, recibió la impactante noticia. El apartamento de titularidad pública en el que tanto ella como su hija vivían desde hace cuatro años en la localidad sueca de Lidingö sería ocupado de forma inminente por inmigrantes. Camilla Johansson recibió una primera notificación el 29 de agosto. Optó por recurrirla ante las autoridades locales. Tras meses de silencio administrativo pensó que el asunto había sido resuelto a su favor. Se equivocó. Ahora le han dado un mes de plazo para abandonar la vivienda.
“Me han comunicado que hay una nueva familia que necesita nuestra casa para vivir. Llegarán a Suecia en primavera”, señala. Desconoce si los nuevos inquilinos son refugiados sirios. “Sólo me dijeron que se trata de nuevos inmigrantes. No sé nada de ellos”.
Camilla Johansson ha tratado infructuosamente que las autoridades locales le proporcionen un lugar donde vivir. “No tengo donde ir y no disponemos de medios económicos para comprar una casa. La única solución que nos han dado es que nos traslademos a un hostal”, se lamenta.
Tras separarse de su marido, la protagonista de la historia logró que los servicios sociales de Lidingö le proporcionaran una casa a cambio de un alquiler mensual que ha estado pagando de forma puntual, según acreditan las copias de los recibos que muestra.
A Camilla le corresponde vivir con su hija, menor de edad, durante dos semanas cada mes, según el acuerdo alcanzado durante el proceso de divorcio. “Los burócratas locales propusieron que mi hija se fuese a vivir con su padre a tiempo completo. “La solución no nos vale. Mi exmarido trabaja por la noche y no creemos que esas sean las mejores condiciones para que mi hija lleve una vida normal”.
Desamparada por los políticos locales y sin recursos, Camilla cuenta sin embargo con el apoyo de sus compañeras de trabajo. “Están muy afectadas y nos han ofrecido sus casas. Puede ser una solución temporal, pero mi hija y yo necesitamos nuestro propio espacio para llevar una vida en familia”.
“Ayer me llamó una funcionaria local para preguntarme si habíamos encontrado casa. La mandé al infierno”, cuenta entre sollozos. Ni el alcalde y el responsable de Bienestar Social de Lidingö han querido pronunciarse sobre este asunto.
Por desgracia, el caso de Camilla Johansson no ha sido el único en ese municipio escandinavo. En junio de 2016, Uffe Rustan y sus dos hijos, Rasmus, de 15 años, y Lino, de 17, fueron desalojados de su casa para alojar en ella a un grupo de inmigrantes recién llegados al país, según Free Times.
Nos preguntamos qué circunstancias han concurrido en algunos países europeos para que sus mandatarios hayan decidido priorizar los derechos de los inmigrantes sobre los de cualquier nativo. En medio de este desolador panorama, se han puesto en marcha algunas iniciativas en las redes sociales instando a las autoridades políticas suecas a que pongan fin a esta locura. Entre tanto, crece el número de jóvenes autóctonos desempleados y sin poder acceder a una vivienda, al prevalecer las ayudas a los de fuera como criterio político.
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